Esta columna fue escrita por Eugenio Evans Abogado constitucionalista junto a Andrés Peñaloza.

En estos últimos días, la opinión pública ha criticado fuertemente algo que parece un abuso: el cambio de los medidores para el consumo de energía residencial, en beneficio de las distribuidoras, a costa de los clientes. Se supone que esto es un efecto no deseado de la Ley N° 21.076, que originalmente beneficiaría a los afectados por el terremoto de Coquimbo de 2015. Algunos diputados sugieren -notablemente- que “votaron de buena fe”, pero que “les habrían cambiado” el proyecto original, beneficiando a las empresas.

El reclamo planteado se debe,creemos, a un importante desconocimiento sobre cómo funcionan las concesiones de distribución de energía y los precios (tarifas) regulados de este servicio.

La pregunta “¿quién pagará los nuevos medidores, luego de la publicación de la Ley N° 21.076?” admite solo una respuesta: lo pagarán las concesionarias de distribución.

Entonces, ¿de dónde nace la idea de que los medidores los “pagarán los clientes”? De una confusión entre quién paga, concretamente, los nuevos medidores y cómo se “recupera” esa inversión en el largo plazo. Las distribuidoras pagarán cada equipo y su instalación, debiendo tenerse presente que se trata de una inversión en nuevos medidores, que impactará en las tarifas que fija el Estado respecto del conjunto de clientes.

Ello es así, pues, en las “cuentas de la luz”, todos pagamos ciertos ítems (energía consumida, cargo único por transmisión, cargo por servicio público y el cargo fijo), algunos de los cuales reflejan los costos del servicio de distribución (Valor Agregado de Distribución, VAD). Conforme a la Ley General de Servicios Eléctricos, el VAD y las tarifas se relacionan más o menos así: se consideran las inversiones y costos de las distribuidoras que sean eficientes (“empresa modelo”) y luego el Presidente de la República fija tarifas que les permiten obtener un rango de rentabilidad limitado por ley. Los nuevos medidores serían parte del VAD, del mismo modo que los postes, las líneas, los transformadores, etc. Y esto habría sido así con o sin el proyecto original de la Ley N° 21.076, pues, como advirtió la Comisión Nacional de Energía a los parlamentarios durante su tramitación,la Ley de Equidad Tarifaria (Ley N° 20.928) ya había abierto la puerta para que la inversión fuera eventualmente considerada para determinar el VAD (o sea, agregada en las tarifas).

En este sentido, decir que los clientes de un servicio “pagan” los medidores es como exponer que los usuarios de un taxi “le pagan” el automóvil al chofer. Bajo la actual legislación, la disyuntiva es si queremos la situación actual, donde cada usuario paga su medidor y mantención, o una política donde las empresas asumen la inversión y ésta se integra a las tarifas fijadas por el Estado, y que cada uno paga conforme a su consumo.

Diario La Tercera: 20 Marzo 2019

Desde la compañía aseguraron que las inversiones en los equipos se compensan en gran parte con los ahorros que generan por optimización del proceso de lectura de consumo y las labores de corte y reposición de servicio, que hoy pagan todos los usuarios, y que con estos nuevos medidores ya no existirá.

Así lo detalló el gerente general del grupo Saesa, Francisco Alliende, quien explicó que “estos medidores, que comenzamos a instalar en agosto del año pasado, son clave para mejorar la calidad de servicio que entregamos a nuestros clientes. Su recambio es parte de nuestro plan de inversiones de los próximos cinco años y no genera un cobro adicional en la boleta”.

En esa línea, agregó que “tras la aprobación de la Ley 20.076 de 2018, los clientes que cambian de medidor ya no pagan arriendo por los aparatos, lo que, sumado al fin del cobro de corte y reposición de servicio que implica esta nueva tecnología, representa un ahorro más en la boleta”.

Alliende aseguró que esta modernización no genera rentabilidad extra para la empresa, puesto que el proceso no se traduce en un alza mayor en los precios del servicio. “Somos una empresa regulada por la Ley General de Servicios Eléctricos, y las tarifas son fijadas por la Comisión Nacional de Energía. Además, los otros ahorros que nos permitan esta nueva tecnología serán reconocidos y trasladados a una rebaja en las boletas”, dijo. Respecto de los beneficios que implica la instalación de los aparatos, el ejecutivo destacó que los medidores brindarán a los usuarios información detallada sobre el uso de su servicio en cada hogar, y permitirá a la empresa, entre otras mejoras, saber de interrupciones del suministro eléctrico sin la necesidad que los clientes llamen al call center. Asimismo, el cliente podrá tomar un rol protagónico en su propia gestión de consumo y contribuir al uso eficiente de energía sin afectar su calidad de vida, y, a la vez abrirá el camino hacia la generación distribuida.

Hasta la fecha el grupo Saesa ha instalado un total de 3800 medidores, como parte de un plan piloto de recambio. “Este exhaustivo proceso ha significado un trabajo de puerta a puerta con cada uno de los clientes beneficiados, explicando el funcionamiento y administración de esta nueva tecnología, estamos tranquilos del funcionamiento de los medidores. Además, nos hemos reunido con comunidades y autoridades de las localidades con el fin de educar con una mirada a largo plazo, relevando los beneficios de contar con este moderno sistema pionero en América Latina. A la fecha, con todas las autoridades que nos hemos reunido, ha habido una muy buena recepción y entendimiento de esta nueva tecnología, que va en directo beneficio de los usuarios” finalizó Alliende.