Una reunión “para entender en detalle sobre la implementación de los medidores inteligentes en la región de Antofagasta”, sostuvieron la Alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, con la Ministra de Energía, Susana Jiménez, solicitando que fuera la propia ministra quien entregara dicha información a los alcaldes de la región.

“Hemos venido como asociación de la Región de Antofagasta, en mi calidad de vicepresidenta junto con el director que es el alcalde de Sierra Gorda, a tomar conocimiento en qué consiste este proyecto de ley, que ya está en curso, de los medidores inteligentes, que es importante para nosotros recibir esta información para darla a conocer a la comunidad”, indicó la primera autoridad comunal.

La alcaldesa agregó que “es una Iniciativa, según la ministra, que va a beneficiar hoy en día a la comuna de Antofagasta, en relación al precio que se paga mensualmente. Esta información va ser canalizada directamente a través del ministerio y de la SEREMI de energía de Antofagasta”.

Según explicó la Ministra de Energía, se conformó una mesa técnica con todas las empresas distribuidoras, para buscar medidas que puedan favorecer a la comunidad, “todos queremos tener una mejor calidad de servicio, menos interrupciones del suministro eléctrico y que eso sea exigible en todas las comunas, pero evidentemente entendemos el malestar que esto ha generado y es por eso que convocó la Comisión Nacional de Energía a un mesa técnica a todas las empresas distribuidoras en las cuáles se está trabajando en las propuestas que hicimos como gobierno, entre ellas generar incentivos a las personas propietarias de su medidor y que vean cambiado este instrumento para que no sólo vean beneficios futuros sino que beneficios inmediatos a través de una compensación económica“.

Asimismo, la Ministra indicó que “adicionalmente se está trabajando en esta mesa para ofrecer alternativas de tarifas a esas personas que pudieran ser más convenientes a la tarifa actual y también protocolos que reduzcan al mínimo las molestias que pueda generar el recambio de medidores“, señaló.

Esta reunión fue gestionada por la Alcaldesa luego que se acordara en reunión extraordinaria de directorio de la Asociación de Municipalidades de la Región de Antofagasta, AMRA, manifestar ante el Ministerio de Energía su preocupación por las externalidades negativas que trae consigo la implementación de la nueva Ley la Ley General de Servicios Eléctricos. Esto, considerando que en la región existen comunas productoras de energía, que pese a que cuentan con descuento en las cuentas de luz, aún existe incertidumbre sobre el alza del costo del servicio, ya que se desconoce el detalle de las implicancias de la mencionada Ley.

Mociones de los parlamentarios PS buscan reducir la rentabilidad garantizada del sector y mejorar la transparencia en la información que entregan las distribuidoras.

Dos mociones relacionadas con el mercado eléctrico presentaron ayer los senadores PS Carlos Montes y Álvaro Elizalde en el Congreso. La primera de ellas busca modificar el rol que tiene la Comisión Nacional de Energía (CNE), para mejorar la información para determinar los costos de operación del sistema y, con ello, mejorar la fijación tarifaria.

“El objetivo de la presente reforma es dotar al regulador de la información más veraz que sea posible para determinar los costos reales que enfrentan las empresas del sector eléctrico, de modo que al momento de fijar tarifas los incentivos estén correctamente puestos para maximizar el beneficio del usuario”, señala la moción de los parlamentarios socialistas.

Una segunda moción apunta a incentivar una actuación más eficiente de la industria, a través de una revisión de la rentabilidad garantizada.

“El objetivo de la propuesta es reforzar los incentivos para que las empresas actúen de modo eficiente, disminuyendo la rentabilidad asegurada. De este modo, se espera que, para obtener mayores utilidades las empresas actúen de modo más eficiente, motivando, a su vez la innovación. Al mismo tiempo, en esta modalidad se acerca la utilidad garantizada a lo establecido en otros mercados sujetos a tarifas (agua potable y alcantarillado y gas por cañerías)”, indica el documento.

“La discusión sobre los medidores ha puesto en el centro del debate la distribución de la energía. Lo que se ha tratado de hacer es imponerle esto a la gente, sin explicarles lo que significa. Y además, el presidente dice que tienen que pagarlo los consumidores. Es bueno que se modernice, pero que lo paguen las compañías y que tenga diseño de calidad”, señaló el senador Montes.

“Este proyecto reduce a la mitad las utilidades de las empresas eléctricas, fijando nuevos tramos de piso y techo, rebaja que debe ser traspasada a los usuarios. Es fundamental avanzar en materias de transparencia”, agregó Elizalde.

El CEO de la eléctrica italiana Enel, Francesco Starace, sostuvo que el hecho que en Chile los clientes sean dueños de los medidores eléctricos dificulta la gestión de una red de distribución eléctrica inteligente.

“En Chile el propietario del medidor es el cliente. Esto claramente es un problema, si el cliente tiene distintos medidores no podemos gestionar de manera inteligente la red”, señaló al ser consultado sobre las medidas que considera necesarias para mejorar el sistema de distribución eléctrico.

Chilectra, filial de distribución de Enel en Chile, actualmente realiza un programa piloto de instalación de medidores inteligentes en Santiago, que alcanzará los 50 mil aparatos.

El CEO de Enel la cifró en cerca de US$ 250 millones la inversión necesaria para al programa de recambio de medidores. Starace agregó que en distribución eléctrica la compañía tiene “que poner más enfoque que antes. Y este proyecto piloto de medidores inteligentes que estamos desarrollando en Santiago es muy importante”.

Otras modificaciones que propuso el ejecutivo apuntan a la valorización del servicio que entregarán estos medidores inteligentes, y las posibles penalidades o premios a las firmas por el servicio que entreguen en distribución.

Artículo del Diario La Tercera - 30-09-2016

Esta columna fue escrita por Eugenio Evans Abogado constitucionalista junto a Andrés Peñaloza.

En estos últimos días, la opinión pública ha criticado fuertemente algo que parece un abuso: el cambio de los medidores para el consumo de energía residencial, en beneficio de las distribuidoras, a costa de los clientes. Se supone que esto es un efecto no deseado de la Ley N° 21.076, que originalmente beneficiaría a los afectados por el terremoto de Coquimbo de 2015. Algunos diputados sugieren -notablemente- que “votaron de buena fe”, pero que “les habrían cambiado” el proyecto original, beneficiando a las empresas.

El reclamo planteado se debe,creemos, a un importante desconocimiento sobre cómo funcionan las concesiones de distribución de energía y los precios (tarifas) regulados de este servicio.

La pregunta “¿quién pagará los nuevos medidores, luego de la publicación de la Ley N° 21.076?” admite solo una respuesta: lo pagarán las concesionarias de distribución.

Entonces, ¿de dónde nace la idea de que los medidores los “pagarán los clientes”? De una confusión entre quién paga, concretamente, los nuevos medidores y cómo se “recupera” esa inversión en el largo plazo. Las distribuidoras pagarán cada equipo y su instalación, debiendo tenerse presente que se trata de una inversión en nuevos medidores, que impactará en las tarifas que fija el Estado respecto del conjunto de clientes.

Ello es así, pues, en las “cuentas de la luz”, todos pagamos ciertos ítems (energía consumida, cargo único por transmisión, cargo por servicio público y el cargo fijo), algunos de los cuales reflejan los costos del servicio de distribución (Valor Agregado de Distribución, VAD). Conforme a la Ley General de Servicios Eléctricos, el VAD y las tarifas se relacionan más o menos así: se consideran las inversiones y costos de las distribuidoras que sean eficientes (“empresa modelo”) y luego el Presidente de la República fija tarifas que les permiten obtener un rango de rentabilidad limitado por ley. Los nuevos medidores serían parte del VAD, del mismo modo que los postes, las líneas, los transformadores, etc. Y esto habría sido así con o sin el proyecto original de la Ley N° 21.076, pues, como advirtió la Comisión Nacional de Energía a los parlamentarios durante su tramitación,la Ley de Equidad Tarifaria (Ley N° 20.928) ya había abierto la puerta para que la inversión fuera eventualmente considerada para determinar el VAD (o sea, agregada en las tarifas).

En este sentido, decir que los clientes de un servicio “pagan” los medidores es como exponer que los usuarios de un taxi “le pagan” el automóvil al chofer. Bajo la actual legislación, la disyuntiva es si queremos la situación actual, donde cada usuario paga su medidor y mantención, o una política donde las empresas asumen la inversión y ésta se integra a las tarifas fijadas por el Estado, y que cada uno paga conforme a su consumo.

Diario La Tercera: 20 Marzo 2019

Desde la compañía aseguraron que las inversiones en los equipos se compensan en gran parte con los ahorros que generan por optimización del proceso de lectura de consumo y las labores de corte y reposición de servicio, que hoy pagan todos los usuarios, y que con estos nuevos medidores ya no existirá.

Así lo detalló el gerente general del grupo Saesa, Francisco Alliende, quien explicó que “estos medidores, que comenzamos a instalar en agosto del año pasado, son clave para mejorar la calidad de servicio que entregamos a nuestros clientes. Su recambio es parte de nuestro plan de inversiones de los próximos cinco años y no genera un cobro adicional en la boleta”.

En esa línea, agregó que “tras la aprobación de la Ley 20.076 de 2018, los clientes que cambian de medidor ya no pagan arriendo por los aparatos, lo que, sumado al fin del cobro de corte y reposición de servicio que implica esta nueva tecnología, representa un ahorro más en la boleta”.

Alliende aseguró que esta modernización no genera rentabilidad extra para la empresa, puesto que el proceso no se traduce en un alza mayor en los precios del servicio. “Somos una empresa regulada por la Ley General de Servicios Eléctricos, y las tarifas son fijadas por la Comisión Nacional de Energía. Además, los otros ahorros que nos permitan esta nueva tecnología serán reconocidos y trasladados a una rebaja en las boletas”, dijo. Respecto de los beneficios que implica la instalación de los aparatos, el ejecutivo destacó que los medidores brindarán a los usuarios información detallada sobre el uso de su servicio en cada hogar, y permitirá a la empresa, entre otras mejoras, saber de interrupciones del suministro eléctrico sin la necesidad que los clientes llamen al call center. Asimismo, el cliente podrá tomar un rol protagónico en su propia gestión de consumo y contribuir al uso eficiente de energía sin afectar su calidad de vida, y, a la vez abrirá el camino hacia la generación distribuida.

Hasta la fecha el grupo Saesa ha instalado un total de 3800 medidores, como parte de un plan piloto de recambio. “Este exhaustivo proceso ha significado un trabajo de puerta a puerta con cada uno de los clientes beneficiados, explicando el funcionamiento y administración de esta nueva tecnología, estamos tranquilos del funcionamiento de los medidores. Además, nos hemos reunido con comunidades y autoridades de las localidades con el fin de educar con una mirada a largo plazo, relevando los beneficios de contar con este moderno sistema pionero en América Latina. A la fecha, con todas las autoridades que nos hemos reunido, ha habido una muy buena recepción y entendimiento de esta nueva tecnología, que va en directo beneficio de los usuarios” finalizó Alliende.